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Comunicación
Nuestra voz
La Justicia ecuatoriana en crisis
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La Justicia ecuatoriana en crisis
Para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos – APDH del Ecuador, el país en sus últimos meses ha evidenciado como la implementación de justicia en nuestro entorno se encuentra plagada de debilidades, errores, imparcialidades y subjetividades extremas.
Los temas de las sanciones a los medios de comunicación por parte del CONARTEL; el cambio en la tipificación del delito en el caso de los Hnos. Isaías por parte de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia; la injerencia y el prevaricato por parte del Fiscal Pesantes y otras autoridades de la Fiscalía General de la Nación en el caso de la muerte de Natalie Emme; han sido los temas públicos que ejemplifican la magnitud de la crisis de la justicia, debelando una de las falencias más grandes y estructurales que tiene el Ecuador: su sistema de administración de justicia.
En este escenario creemos que los procesos llevados a cabo a Teleamazonas y Radio La Voz de Arutam, no han cumplido con el debido proceso, y más aún se ejecutaron violentando el principio de que quien sancione no puede ser “juez y parte”, por lo que creemos que de manera emergente debe ser construida una Ley de Medios que se base en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual expresa que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Para la APDH del Ecuador, si es necesaria la figura de sancionar o clausurar medios, sin embargo estas acciones debe ser una facultad que se de en un proceso justo, transparente y no politizado, en el cual el Sistema de Administración de Justicia sea el que determine el delito y la sanción a los representantes legales de los medios de comunicación, y bajo un sistema de acumulación de sanciones, que sea el mismo sistema el que determine la no renovación o clausura del medio, siendo el CONARTEL u otra instancia la ejecutora de la sanción más no la que determine la infracción, contravención o el delito como tal.
En el caso de los Conjueces involucrados en el caso Isaías, así como del Fiscal General de la Nación, consideramos que el accionar del Consejo Nacional de la Judicatura juega un papel importante por su potestad de sancionarlos rigurosamente, y dar así un precedente nacional que sobre todo permita recuperar la confianza que constantemente se quiebra frente al sistema de justicia en Ecuador.
Es necesario reconstruir nuestro sistema de administración de justicia, con valores y principios que respeten la dignidad humana, que reconozca, valore y hagan respetar los aspectos pluriculturales del país, un sistema de justicia independiente de intereses y opiniones personales, económicas o políticas.
En este escenario creemos que los procesos llevados a cabo a Teleamazonas y Radio La Voz de Arutam, no han cumplido con el debido proceso, y más aún se ejecutaron violentando el principio de que quien sancione no puede ser “juez y parte”, por lo que creemos que de manera emergente debe ser construida una Ley de Medios que se base en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual expresa que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Para la APDH del Ecuador, si es necesaria la figura de sancionar o clausurar medios, sin embargo estas acciones debe ser una facultad que se de en un proceso justo, transparente y no politizado, en el cual el Sistema de Administración de Justicia sea el que determine el delito y la sanción a los representantes legales de los medios de comunicación, y bajo un sistema de acumulación de sanciones, que sea el mismo sistema el que determine la no renovación o clausura del medio, siendo el CONARTEL u otra instancia la ejecutora de la sanción más no la que determine la infracción, contravención o el delito como tal.
En el caso de los Conjueces involucrados en el caso Isaías, así como del Fiscal General de la Nación, consideramos que el accionar del Consejo Nacional de la Judicatura juega un papel importante por su potestad de sancionarlos rigurosamente, y dar así un precedente nacional que sobre todo permita recuperar la confianza que constantemente se quiebra frente al sistema de justicia en Ecuador.
Es necesario reconstruir nuestro sistema de administración de justicia, con valores y principios que respeten la dignidad humana, que reconozca, valore y hagan respetar los aspectos pluriculturales del país, un sistema de justicia independiente de intereses y opiniones personales, económicas o políticas.
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