Por un lado Álvaro Uribe anuncia un Plan en el cual a través de una “bonificación económica” se usaría a campesinos colombianos como “informantes”, y por otro las FARC llama a la población fronteriza a “evitar” el ingreso de paramilitares colombianos a territorio ecuatoriano.

Ambas iniciativas son irresponsables al poner en el escenario del conflicto a quienes son las mayores víctimas del mismo: la población civil.

La responsabilidad interna en Colombia de impedir el tráfico de armas, el tráfico de drogas y resolver su conflicto con los grupos guerrilleros es exclusiva del ESTADO COLOMBIANO, no de las y los campesino; mientras que en Ecuador la responsabilidad de impedir que grupos paramilitares sigan ingresando a nuestro país es competencia exclusiva del ESTADO ECUATORIANO no de la población que habita en la zona fronteriza, la cual es víctima de múltiples expresiones de violencia, a la cual se la debe proteger y no instar a un involucramiento directo en el conflicto.

La APDH considera que ambos llamados solo exacerban la realidad conflictiva, pues de ser víctima la población pasará a ser directamente objetivo militar entre los actores armados ya existentes, con el agravante de que la población no es “actor armado” y por lo tanto solo será carne de cañón, más vulnerable aún de lo que ya es actualmente.

En el caso ecuatoriano, es necesario que se busque los mecanismos para proteger a la población y al territorio. Es necesario que de las palabras se pase a los hechos y que la presencia Estatal sea definitiva en la zona fronteriza y no una mera aspiración, entendiendo que el Estado no puede estar representado solamente por la presencia militar y policial, sino por toda su estructura, la cual sigue ausente en el límite fronterizo con Colombia.

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