La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, en este día que se celebran 60 años de la proclama de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el mundo, hace un breve análisis de uno de los temas más preocupantes para esta organización, como lo es la Seguridad Ciudadana en el contexto de los DD. HH.

La Seguridad Ciudadana es un tema de mucha preocupación en Ecuador. Desde hace aproximadamente una década atrás, venimos tan solo recordando a la "Isla de Paz" que era nuestro país. A la par del crecimiento de nuestras ciudades, también se ha dado un incremento de la inseguridad en todas sus dimensiones: desde los atentados externos a nuestra soberanía, pasando por la delincuencia común, el crimen organizado para secuestrar, robar o asesinar, ejecuciones extrajudiciales y por su puesto no podemos olvidar los robos a gran escala de los banqueros corruptos, el feriado bancario y la pobreza, que siguen asesinando sin mucho "rating".

Entre las falsas percepciones y la crónica roja, la dimensión real de la inseguridad parece desconocer los índices oficiales que constan en los registros de la Policía Nacional y otras instancias como Fiscalías, Comisarías, etc., y que suelen ser exacerbados por parte de algunos medios, dejando una sensación a la ciudadanía de vivir en un país excesivamente peligroso, para confirmarlo solo hace falta preguntar que opinan nuestros cercanos.

¿Cuál es la solución?: los Planes de Seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la organización civil, el endurecimiento de las penas, el mejoramiento de los procedimientos fiscales y judiciales; todas estas alternativas están siendo practicadas para frenar esta "ola" de inseguridad, y con ecos lejanos se reflexiona sobre la necesidad de cambios estructurales que pongan "corcho duro" a las causas que generan la delincuencia en todas sus escalas.

Como ciudadanos pedimos, con total derecho, la atención inmediata y la protección ante la delincuencia, dejando lateralmente y con menos urgencia las exigencias de cambios hacia la equidad que sabemos mejorarían las condiciones generales de vida. El pedido urgente de la ciudadanía ante la inseguridad halla respuesta en el Estado con la creación y activación de planes emergentes de seguridad y el llamado fortalecimiento de la Fuerza Pública, para así tener respuestas ágiles, inmediatas y visibles.

En este contexto los ciudadanos civiles, como los uniformados, deben ser protegidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales: derechos humanos y garantías constitucionales; para lo cual la Fuerza Pública, provista de armas, entrenamiento y poder coercitivo, tienen la obligación de garantizar a la población el justo tratamiento, en la ejecución de cualquiera de sus operativos de intervención, basados en las normas establecidas por la ley como lo es el uso proporcional de la fuerza.

El respeto de las leyes y normas por parte de la Fuerza Pública es la garantía de la seguridad. Los delincuentes deberían ser castigados de acuerdo a lo establecido por el sistema de justicia, la fuerza publica sería reconocida por un accionar efectivo y acertado y la ciudadanía alcanza la seguridad buscada.

Pero no siempre se distingue un comportamiento tan ideal en la aplicación de esta lógica. Como en el caso del reciente operativo policial realizado por integrantes del Grupo de Apoyo Operacional de la Policía Judicial de Pichincha (GAO),  efectuado en la Vía a Píntag, el viernes 28 de noviembre de 2008, donde después de una balacera resultaron abatidos nueve presuntos miembros de una banda delictiva que habría perpetrado un asalto, minutos antes, el cual presenta muchas interrogantes a ojos de sus familiares y de los organismos de derechos humanos.

Ante estos hechos la APDH hace algunas reflexiones:

1.- El ejercicio de los Derechos Humanos se traduce en su respeto y cumplimiento por parte del Estado frente a sus ciudadanas y ciudadanos, derechos que además están claramente identificados en la Constitución Política del Ecuador, así como en los Tratados y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos que ha firmado nuestro país. 

Aquí encontramos la obligación del gobierno de velar por la seguridad pública y certificar que la actuación de la Fuerza Pública, en este caso de la Fuerza Policial, se de en el marco del respeto de los reglamentos, normas, leyes, etc., que velan por la defensa de los derechos humanos.

En el "Caso Píntag" los familiares de los fallecidos exigieron clarificar las condiciones en que fueron abatidos sus parientes, que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano -el mío y el de usted- y es obligación de la Policía y los Ministerios de Gobierno y Seguridad Interna y Externa, cumplir dichas demandas.

Imaginémonos que un familiar nuestro sea detenido, agredido o peor aun abatido, mediando o sin mediar razones, sería de nuestro justo derecho pedir aclaraciones sobre tales acciones. Como también es justo exigir al gobierno por nuestra seguridad, la de nuestras familias y de la sociedad en su conjunto y es responsabilidad de todos, ciudadanía y Gobierno cumplir con las normas que regulan nuestro coexistir.

2.- Algunas características especiales del operativo en Píntag, y el llamado de los familiares de los abatidos, son razones suficientes para que los organismos de Derechos Humanos solicitemos informes detallados sobre la realización del operativo; este hecho, de ninguna manera se puede confundir con una "defensa parcializada a delincuentes" o peor aún  "una confrontación con la Policía".

Es necesario entender que el cumplimiento de procesos en los cuales el Estado rinda cuentas de su accionar a la ciudadanía es una obligación, un derecho, pero por sobre todo una práctica sana que permite identificar y corregir errores, faltas graves, violaciones de derechos, así como las buenas prácticas deberían ser publicitadas y replicadas. 

El transparentar e informar a la sociedad, sobre el debido cumplimiento de las normas, o la sanción por incumplimiento de ser el caso, se puede traducir en un fortalecimiento de la Fuerza Pública y el reconocimiento y respaldo ciudadano objetivo sobre su accionar.

3.- Los Derechos Humanos deben ampararnos a todos y todas, y los entes infractores o quienes atenten contra estos derechos deben ser sancionados de acuerdo a la ley; y quines sean vulnerados deben ser protegidos por el estado.

Los organismos de derechos humanos repudiamos el asesinato de cualquier miembro de la fuerza pública, como repudiamos cualquier violación de derechos a cualquier ciudadano  y nos hemos solidarizado públicamente con los familiares de los uniformados agredidos, y lo hacemos ahora nuevamente. Pero también hemos detectado prácticas violatorias a los derechos humanos en algunos de sus operativos, donde personas inocentes fueron víctimas de violaciones a sus derechos y esas acciones deben ser sancionadas por que también constituyen una ruptura de las normas que nos amparan.

La seguridad ciudadana es un derecho integral, donde todos los miembros de una sociedad interactúan para conseguirla, mutuamente se fiscalizan, colaboran entre si; es decir, equilibran la correlación de fuerzas para garantizar el cumplimiento y ejercicio de los Derechos Humanos, pero por sobre todo es necesario entender que así como en teoría la nueva Carta Magna del Ecuador es una de las más avanzadas en cuanto a derechos, y el Estado ecuatoriano actualmente se dice ser un Estado de Derechos, así mismo es necesario que se vivan, sientan y respiren en la realidad dichos derechos.

Fraternalmente,

Mauricio Gallardo, Anaite Vargas, Ivette Minda, Jimmy Coronado,  Rommel Vaca y Ximena Moreno

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